Delitos de odio

El Tribunal Supremo (TS) ha examinado el caso de un diputado europeo que, a través de una red social, compartió un informe policial confidencial sobre robos ocurridos en Bilbao. Junto con los datos, acompañó el mensaje con observaciones que sugerían que muchos de los detenidos tenían un origen extranjero, lo que provocó una oleada de comentarios racistas en la plataforma.

Ante la polémica, el TS aclara que, aunque este tipo de publicación pueda molestar o generar rechazo social, no todo comentario sobre la nacionalidad de presuntos delincuentes constituye un delito de odio. Según la decisión del TS, para que unos hechos como estos se consideren un delito penal, es necesario que realmente inciten al odio, a la violencia o a un riesgo real para la convivencia y seguridad de los colectivos mencionados.

En este caso, el TS subraya que limitaron la publicación a datos estadísticos y oficiales, sin expresiones explícitas que incitaran directamente al odio o a la violencia. Ni siquiera generaron, a ojos de los jueces, un peligro abstracto relevante. Por eso, la resolución deja claro que la ley debe aplicarse de manera estricta y no criminalizar opiniones o informaciones molestas, siempre que no vayan acompañadas de llamadas al odio o a la agresión.

En definitiva, el mensaje del TS es que la penalización por delitos de odio debe reservarse para los casos más graves que realmente puedan poner en peligro la libertad y seguridad de las personas, y no para discursos que, sin ser ejemplares, no rebasan esa línea roja.

Ante actuaciones derivadas de hechos que pudieran constituir un ilícito penal nuestros abogados se ponen a su disposición para la defensa de sus derechos